A partir de los 50 trabajadores las empresas de transporte deben implantar un canal de denuncias interno

La nueva Ley 2/2023, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a la Directiva Whistleblowing emitida por el Parlamento Europeo en octubre de 2019. Esta norma establece la obligación para todas las empresas con 50 o más trabajadores de implantar un canal de denuncias interno antes del 1 de diciembre de 2023, y para aquellas con más de 250 trabajadores, en un plazo de 3 meses. Esto incluye al sector del transporte de mercancías por carretera.

A partir de los 50 trabajadores las empresas de transporte deberán implantar un canal de denuncias interno

El objetivo de esta norma es proteger a los informantes que denuncien acciones y/u omisiones que puedan infringir la ley dentro del contexto laboral y profesional de la empresa. Por lo tanto, el canal de denuncias debe garantizar la protección de la identidad del informante en todo momento. Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos también están sujetos a esta obligación, y deben proteger la identidad del informante.

La ley establece medidas de protección ante posibles represalias y señala como infracción muy grave el incumplimiento de esta obligación, con multas que oscilan entre los 600.001 y el millón de euros en caso de no poner en marcha el canal de denuncias interno. Para que el canal sea efectivo, debe contar con los medios necesarios para asegurar la autenticidad, identidad y confidencialidad del informante, testigos y denunciado, el correcto almacenaje de la información y la existencia de un responsable imparcial para el seguimiento de las denuncias, a las que sólo podrán tener acceso el personal autorizado.

En resumen, la Ley 2/2023 busca proteger a los informantes que denuncien acciones ilegales en el ámbito laboral y profesional. Esta norma afecta a todas las empresas con 50 o más trabajadores, así como a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos. La ley establece multas en caso de incumplimiento y establece requisitos específicos para que el canal de denuncias interno sea efectivo.

Fuente: transportealdia.es