Tras la propuesta elevada por la Comisión Europea del “Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros”, incluida en el paquete legislativo Fit For 55, un total de 15 asociaciones profesionales de las consecuencias sociales y económicas que tendrá la prohibición del motor de combustión, como la pérdida de empleo o la restricción del derecho a la movilidad, que afectará en especial a las rentas más bajas y los colectivos más vulnerables.
De esta manera, estas decisiones pueden hacer que las empresas y autónomos pertenecientes al sector del transporte ligero se encuentren con notables dificultades para completar esta transición en un escenario en el que se pueden llevar a cabo otras alternativas que cumplan con el objetivo de reducir la huella de carbono como el uso de combustibles ecológicos.
La propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de este Reglamento determina el objetivo de reducir al 100% las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas para 2035, lo cual supone la prohibición de todos los vehículos con motores de combustión interna. Esta medida resulta significativamente agresiva con la realidad actual del sector del transporte ligero ya que provocará la pérdida de empleos, afectando mayormente a pymes y autónomos, igual que ocurrirá con las rentas más bajas y colectivos vulnerables.
En este sentido, un total de quince asociaciones denuncian esta situación advirtiendo de las graves consecuencias sociales y económicas que conllevará la implementación de esta medida. Estas asociaciones son ASTIC, ACE, AOP, APPA, Aevecar, Biocarburantes, ATliq, CEEES, CETM, Bio-e, Codigasoil, EWABA, CONFEBUS, SERNAUTO, UPI y FEDEPORT, las cuales opinan que la utilización de combustibles ecológicos es una solución ideal para reducir el impacto de la transición ecológica, a la par que no sería tan agresivo para pymes, autónomos, ciudadanos con rentas más bajas o colectivos vulnerables o residentes de zonas rurales.
De esta forma, en su misiva incluyen que la apuesta de una única vía para descarbonizar el transporte mediante el impedimento de desarrollar otras soluciones como pueden ser los combustibles ecológicos supone atacar directamente la cadena de valor de la automoción en toda la UE. Asimismo, en el contexto social supone una dificultad añadida para empresas y ciudadanos en cuanto a asumir los costes acelerados de renovación de infraestructuras y vehículos.
Fuente: www.transportealdia.es
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