El pasado 7 de junio las asociaciones nacionales de transportistas que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) como Fenadismer, han presentado una querella criminal contra la Diputada de Guipúzcoa de Infraestructuras, Ainztane Olabide, y contra la empresa pública Bidegi, ante los Juzgados de Instrucción de Guipúzcoa. Esta querella se ha interpuesto debido a la conservación del cobro de los peajes a los camiones en la N-1 y A-15, hecho que desobedecía los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo que los declaraba nulos.
Hace ya casi un mes el Tribunal Supremo declaró nulo el sistema de peajes a camiones interpuesto en Guipúzcoa desde hace más de 3 años, ante lo cual, la Diputación de Guipúzcoa no solo no ha obedecido la sentencia judicial sino que continúa insistiendo en su desafío al Estado de Derecho, manteniendo sin cobertura legal alguna el cobro de los peajes a pesar del riesgo de conlleva esta desobediencia.
Asimismo, por su parte, Fenadismer ha denunciado el hecho de que la Diputada ha aprovechado todo este tiempo para dedicarse a verter descalificativos ofensivos hacia el sector, como la de acusar a los transportistas “españoles” de ser los responsables de esta situación, en un intento a la desesperada de confundir la opinión pública guipuzcoana con simples argumentos frentistas, totalmente improcedentes en un representante de tan importante institución pública, que no buscan sino tratar de ocultar su fracaso personal en la aplicación de esta medida por su negativa a negociar con el sector afectado.
Fuente: https://bit.ly/3AhcYOX
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