La electrificación del transporte

Pasamos por un momento en el que constantemente se están buscando alternativas que sean capaces de sustituir a los, tan contaminantes, combustibles fósiles de manera eficiente. Debido a ello, el sector de la logística y el transporte es uno de los más afectados de este reto al que nos enfrentamos, en especial para el transporte por carretera.

electrificacion en el transporte

Y es que, es un hecho innegable que los combustibles utilizados hasta ahora para el transporte tanto de mercancías como de viajeros son insostenibles en cuanto a los daños medioambientales que producen, por lo que establecer opciones más fiables empieza a ser imprescindible para no provocar daños irreparables en el planeta.

Con este objetivo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido un plan de electrificación para el transporte para el cual se requiere de una inversión adicional de 2.453 millones de euros que debe afrontarse entre 2021 y 2030.

Asimismo, en este sentido, el Colegio Oficial (COIIM) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM), junto con la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) y el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid (INSIA), han hecho un informe para el que se han recogido los datos establecidos por las asociaciones dedicadas al sector del transporte y la automoción, así como por expertos en infraestructuras de recarga de energía eléctrica. Este informe contiene algunas recomendaciones sobre los aspectos que se deberían tener en cuenta respecto a este nuevo cambio. Según estas asociaciones se necesita un pacto de Estado y decisiones que se basen en análisis exhaustivos con un enfoque a nivel global, para lo cual van a requerirse medidas que sean realistas y que puedan realizarse a corto y medio plazo a través de la implantación de nuevas tecnologías de las que disponemos y utilizarlas de la manera más eficiente, medidas en las que se incluyen desarrollos en motores convencionales de gasolina y diésel.

Este cambio, como hemos señalado, se centra principalmente en la implantación de vehículos eléctricos que supone hasta el momento la “única solución para la movilidad sostenible a corto y medio plazo, si se cuenta con sistemas de generación de energía eléctrica limpia”. Aunque los autores del informe coinciden en que el hidrógeno es una alternativa que “debe contemplarse como una solución imprescindible en el futuro.”

La diferencia existente respecto al coste de un vehículo convencional a uno eléctrico es del 37% según BNEF, así como de un 8% anual de reducción para los autobuses.

Así se estipula en el informe de impacto económico del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se presentó el pasado viernes 5 de julio en el Consejo de Ministros. En este plan se prevé que para el año 2030 el número de vehículos eléctricos que estarán en circulación rondarán los cinco millones.

Según el documento, del total de inversiones extra que debe realizarse (2.500 millones de euros), 712 millones de euros se invertirán en turismos cantidad que según el informe se basa en el hecho de que “una parte sustancial de las ventas de vehículos eléctricos sucederá en el periodo 2025-2030, cuando la diferencia en coste se espera que sea ya poco significativa, y por ello la inversión movilizada no es sustancial” , 23 millones para las motocicletas y 1.808 millones para los autobuses y demás vehículos de movilidad eléctrica como camiones, bicicletas, furgonetas, etc.

No obstante, según organizaciones como Green Peace no basta con estas medidas, sino que se debe hacer hincapié en reforzar las energías renovables ya que si la movilidad eléctrica solo se apoya en las centrales térmicas de carbón no estaríamos haciendo ningún ahorro en CO2, sino que también estaremos contaminando de igual manera.

Según esta organización el apoyo a las energías renovables para el transporte debería enfocarse en la promoción de la electricidad renovable para los vehículos que se pueden electrificar, mientras que el desarrollo de otras fuentes renovables, entre las que se incluyen los biocombustibles debería reservarse para aquellos medios más complicados de electrificar.

Además, defienden que la manera más adecuada de electrificar los vehículos europeos es estipular unos límites obligatorios mucho más ambiciosos a las emisiones de todo el parque, de modo que se evitarían trampas legales como, por ejemplo, los "supercréditos" que se contemplan bajo la normativa europea actual, puesto que la legislación actual comunitaria existente sobre emisiones de CO2 de los coches permite a los fabricantes utilizar las ventas de vehículos eléctricos para compensar el hecho de que sigan produciendo automóviles muy contaminantes. Los citados "supercréditos" permiten vender 3,5 coches de emisiones elevadas por cada coche eléctrico que venda a la industria automovilística, sin que esto llegue a afectar al correcto cumplimiento de su objetivo legal de reducción de las emisiones de las medias de CO2 de su flota. Sin embargo, Green Peace ha conseguido demostrar que en consecuencia de estos supercréditos podría aumentar un 20% tanto el consumo de petróleo como las emisiones de CO2 desprendidas a la atmósfera.

Infraestructuras de recarga.

Entre los 2.500 millones de euros que se invertirán, también deben tenerse en cuenta los gastos que supondrá la adaptación de las infraestructuras a los millones de vehículos eléctricos que circularán por las carreteras españolas. Aunque según el plan establecido por el Gobierno, no se estipula cuál es la cantidad requerida para las mejoras a realizar en estas infraestructuras.

No obstante, el informe elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica ante el Consejo de Ministros señala que para poder preparar las carreteras de modo que se establezca una red de zonas de carga capaz de mantener esa gran cantidad de vehículos eléctricos se necesitará una inversión de 8.849 millones de euros.

Tendencia actual de la electrificación del transporte.

En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica hace otro cálculo en el informe que estima que según la tendencia actual, en España para 2030 existirán aproximadamente 600.000 vehículos eléctricos en circulación, lo cual rebaja la inversión necesaria para las infraestructuras a 1.210 millones de euros. Estos cálculos se realizan en función de lo que cuesta instalar un punto de carga en un garaje privado, que para los automóviles es de 1.200 euros y de 600 euros para las motocicletas.

Según este cálculo, la inversión según la tendencia actual bajaría a 7.639 millones de euros para el establecimiento de puntos de recarga para los medios de transporte eléctricos en circulación.

Sin embargo, para la instalación de estaciones de carga privada el importe estimado a desembolsar será de 1.200 euros por punto, importe que aumentará hasta los 6.000 euros para los postes de recarga que se encuentren en vías públicas.



Fecha actualización: 21 de Abril de 2022 a las 11:15

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