El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado en una entrevista en un periódico de tirada nacional que se suprimirán los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen próximamente.
Adicionalmente, ha expresado la intencionalidad de auditar el plan para sacar a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado que ha heredado del anterior Ejecutivo. Esta medida afectará a la AP-1 entre Burgos y Álava, a la AP-7 entre Alicante y Tarragona y a la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.
Actualmente España cuenta con un total de 3.307 kilómetros de carreteras de pago, de las que varios tramos expirarán sus concesiones privadas en los próximos dos años y pasarán a formar parte de la red pública estatal.
El próximo mes de noviembre vence la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, de 84 kilómetros de longitud. En diciembre de 2019 concluirán las concesiones de la AP-7 entre Tarragona y Alicante (474 kilómetros) y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (94 kilómetros). En 2021 vencerán las concesiones de más autopistas: la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol (479 kilómetros en total).
FENADISMER estima que dicha medida aportará indudables mejoras para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional, "ya que permitirá una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores, no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje".
FENADISMER solicitará que una vez los Presupuestos del Estado para 2018 sean aprobados, se ponga inmediatamente en marcha el Plan de incentivos económicos, para fomentar así el desvío voluntario de camiones en la red de autopistas de peaje. Desde la Federación recuerdan los resultados "tan satisfactorios" que cosechó el citado Plan cuando se puso en marcha en 2015, obteniendo una bonificación de hasta el 50% del importe del peaje y con un presupuesto de tan sólo 7’5 millones de euros, permitiendo el desvío adicional de más de 220.000 camiones durante sus 5 meses de vigencia.
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