Hasta 3 años de cárcel por manipular el tacógrafo

Manipular el tacógrafo ya ha dejado de ser una infracción administrativa que se castigaba con 500 euros y la pérdida de seis puntos, sino que ahora se ha convertido en un delito de falsedad en documento público, tal y como dicta la sentencia elaborada del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero, que introduce por primera vez la vía penal.

Bartolomé Vargas, el Fiscal Coordinador de Seguridad Vial ha comunicado que la manipulación de los tacógrafos en el transporte de pasajeros y mercancías será a partir de ahora una infracción de carácter penal en lugar de administrativa y que será castigada hasta con tres años de cárcel por falsedad en documento público.

Así, la manipulación de los tacógrafos que ni los dispositivos digitales de este tipo han sido capaces de evitar, ha pasado a ser una infracción penal según lo resuelto el Alto Tribunal que le da la razón a la Fiscalía Especializada de Seguridad Vial, determinando por primera vez que la manipulación o alteración de los datos de movimiento en camiones y autobuses con el fin de evitar los controles debe ser castigada como una falsificación.

En la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, Vargas ha señalado que desde el lunes las unidades de Tráfico de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra disponen de las pautas para investigar este delito en función de la sentencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, el fiscal ha puntualizado que el conductor no va a ser el único responsable de esta infracción, sino que también tendrán que rendir cuentas los posibles “cooperadores necesarios”, tales como directivos o encargados de la empresa de transporte, del contratista o de los talleres.

Si se realiza este tipo de práctica y además se cuenta con antecedentes penales, el delito tendrá carácter continuado, es decir, se impondrán penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel. Por otra parte, si los accidentes involucran víctimas mortales se considerará imprudencia grave, que puede traer penas de hasta nueve años en función del número de fallecidos.

El Tribunal Supremo considera como “merecedora de calificación jurídica penal como delito de falsedad en documento oficial” toda aquella manipulación fraudulenta de un tacógrafo que dé “como resultado la alteración de los registros del instrumento, realizada con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos.”

Por último y según las instrucciones remitidas por Vargas, los agentes de tráfico deberán extremar los controles de tacógrafos, y les autoriza para utilizar “todas las armas de las que disponen” como la realización de registros en empresas para cotejar los datos de los tacógrafos de una flota determinada con los que extraiga la Guardia Civil de los camiones infractores, siempre con el correspondiente permiso judicial.

Fuentes: autonomosenruta.com / fenadismer.es

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