El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social han firmado un protocolo con el objetivo de mejorar la transparencia y competencia en el sector, así como defender los derechos de sus trabajadores. En este sentido, se pretende mejorar la coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y, particularmente, contra la economía sumergida y la competencia desleal.
En este protocolo se prioriza el control de las empresas que no tengan a todos sus conductores dados de alta en la Seguridad Social o cursen de forma fraudulenta sus altas en otros Estados miembros de la Unión Europea a través de la creación de estructuras empresariales sin actividad real, contraten a conductores a tiempo parcial cuando lleven a cabo una jornada completa o bien utilicen falsos autónomos.
Así, se consiguen disminuir las conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales gracias a estos mecanismos de control.
Resulta imprescindible la coordinación y colaboración de ambas inspecciones para lidiar con este tipo de fraudes en cualquiera de sus manifestaciones, lo cual permite desarrollar políticas de prevención y corrección más eficaces.
Por tanto, el objetivo del protocolo es detectar prácticas como las que utilizan las "falsas cooperativas" o similares. En concreto, se hará especial hincapié en las llamadas “empresas buzón”, las cuales han desarrollado regímenes de empleos complejos sin actividad económica real en el país donde tiene la sede y donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea donde realmente prestan sus servicios, de manera que utilizan la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria de forma fraudulenta con el fin de eliminar las normas que resultan de aplicación.
Asimismo, dicho protocolo prevé el intercambio de bases de datos entre las distintas inspecciones, dentro del respeto a la ley de protección de datos de carácter personal, con el objetivo de conseguir una mejor localización de posibles bolsas de fraude, para impulsar la eficacia de esta inspección.
Fuentes: https://bit.ly/3Dgt3GK / https://bit.ly/2ZRZb4S
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