Como comentábamos hace unos días, el Gobierno está planteando la implementación de una tasa por uso en todas las autovías que actualmente son gratuitas, incluyendo la posibilidad de extender el peaje al resto de la red secundaria nacional. En este sentido, no han sido pocas las críticas recibidas.
Por tanto, esta medida ha pasado de ser una simple intención a ser una propuesta firme realizada por el Gobierno, como parte de su Plan de Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, tal y como indicábamos en anteriores posts.
En cuanto al sector del transporte por carretera, obviamente es el principal afectado de la medida, por lo que la lluvia de críticas no ha tardado en hacerse notar. Así, las principales federaciones de transporte han expresado su descontento. Este es el caso de, por ejemplo, Fetransa, donde Víctor González, su presidente ha expresado que “no es un debate nuevo y son demasiadas las incógnitas que sobrevuelan el planteamiento, pero nos agarramos de momento al compromiso de Pedro Saura”, refiriéndose al escrito que firmó el pasado 23 de julio de 2020 el secretario de Estado de Transportes y en el cual se comprometía ante el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a que “no se implantará ninguna Euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.
De esta forma, la principal federación que agrupa a los transportistas autónomos, a pesar de expresar su descontento con las intenciones del Gobierno, ha querido llamar a la calma, para “no desatar la histeria entre los afectados”, por lo menos hasta que la administración no incumpla su compromiso de consenso, en cuyo caso, “se procedería a tomar medidas más contundentes.”>
Pese a que en el documento enviado a Bruselas se comenta el sobrecoste que origina esta tasa se intentaría que fuese cubierto por parte de los cargadores, los transportistas tienen serias dudas en este sentido, ya que, tal y como indica el vicepresidente de FETRANSA, José Carlos López Jato, “la negociación entre la oferta y la demanda de transporte en este sector está muy desequilibrada a favor de los cargadores y nos asusta no poder repercutir este sobrecoste en las negociaciones, lo que significaría la desaparición de miles de empresas.”
Las razones del rechazo de los transportistas ante esta medida consiste en la doble presión fiscal para el sector del transporte, el cual genera al año aproximadamente 11.000 millones de euros para las arcas públicas. En lo que se refiere al transporte profesional, al menos un tercio del coste total de las operaciones corresponde al gasto de combustible, así como otros pagos tales como tasas, ITV, autorizaciones de vehículos, ADR, etc.
Por su parte, desde ASTIC también indican otras razones para oponerse a esta nueva tasa por uso, calificándola como “tóxica para nuestra economía”, teniendo en cuenta que estos nuevos peajes afectarán de forma muy negativa la economía del país, encareciendo los precios de los productos y dificultando la competitividad del sector de bienes y servicios.
Fuente: https://bit.ly/3llfnUA
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